Hacen el mismo trabajo que sus
compañeros con contrato, pero se ven obligados a pagar la cuota de
autónomos y el IRPF. Además, carecen de los derechos recogidos en los
convenios, a diferencia del resto de trabajadores: no cobran las
vacaciones, ni tienen días de asuntos propios, etc.
Para la
empresa, se trata de una situación muy ventajosa porque no tiene que
pagar las cuotas de la Seguridad Social, con lo que ahorra costes, y
puede despedir al trabajador sin preaviso, sin pagarle el finiquito y,
en el caso de que la compañía fuera declarada insolvente, ni siquiera el
empleado estaría cubierto por el Fogasa. Una situación tremendamente
desigual en la que sólo sale ganando la compañía.
Esta figura
ilegal se ha instalado en nuestro mercado laboral. Muchas empresas
empezaron a recurrir a esta trampa en los años más duros de la crisis,
pero han terminado por implantarla en sus compañías como una opción más.
La
ignorancia, la necesidad o el miedo llevan a muchos trabajadores a
aceptar este tipo de condiciones. Temen que les despidan de
un día para otro. Cuando van a hablar con sus
superiores para quejarse y pedirles que legalicen su situación, les dicen que si no lo quieren esas condiciones,
hay mucha gente esperando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.