España tiene ahora un nivel de cobertura socioeconómica desconocidamente bajo, con solo 1,5 personas cotizando por su trabajo por cada persona con una prestación pública, ya sea una pensión de la Seguridad Social o una prestación o subsidio por desempleo. Con esa proporción, y atendiendo solamente a los mecanismos estatales de protección contra la vejez, la enfermedad y el desempleo, de cada cinco personas, tres pagan y dos cobran; de cada diez, seis contribuyen y cuatro reciben prestación pública; esto es: un 60% soportan con sus cotizaciones las prestaciones del 40% restante.
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